Métodos de pandilleros se registran en el área metropolitana; amplían cobros a viviendas, negocios y estudiantes.
Pandilleros son capturados a diario, según información del Ministerio de Gobernación. Los detenidos son procesados por portación ilegal de armas, cuya pena tiene medida sustitutiva y pueden ser liberados de inmediato.
Nada parece detener las extorsiones impuestas por las maras contra la población. Además del llamado “impuesto” a la circulación de buses, ahora exigen dinero en escuelas, hogares y negocios. Sus víctimas han tenido que resignarse a vivir en la zozobra, ante la falta de seguridad.
Sus prácticas ilegales se han extendido en el área metropolitana, pero tan sólo en la colonia El Mezquital, en la zona 12, los pandilleros juveniles podrían llegar a obtener no menos de Q4 millones al año por concepto de extorsiones a viviendas y negocios.
Vecinos revelan que la mayoría de viviendas y negocios del sector son víctimas de los pandilleros, quienes les exigen pagos semanales que van de Q75 a Q500.
Algunos analistas coinciden en que el monto global -de Q4 millones- se obtiene al multiplicar la cuota semanal por las mil 276 residencias registradas en esa colonia, según el censo general realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2002.
A juicio de las fuentes, esa cantidad podría incrementarse en la colonia Villalobos 1 -con dos mil 596 viviendas, según el INE-, también considerado uno de los territorios dominados por las pandillas.
Aunque esas cifras no son confirmadas oficialmente, el vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Caljú, reconoció que esos grupos de antisociales se han generalizado en casi todo el departamento de Guatemala.
El funcionario policiaco agregó que los pandilleros responsables pertenecen a las maras “Salvatrucha” y “18”.
Áreas de riesgo
De acuerdo con Caljú, al inicio, las áreas de ubicación de los mareros eran las colonias Carolingia y Bethania, zona 7; El Mezquital y Villalobos 1 y 2, zona 12; Maya, Paraíso 1 y 2 y las Alamedas, zona 18, así como Santa Fe, en la zona 13, y Santa Faz y Jocotales, zona 6.
Empero, ahora las pandillas han extendido sus tentáculos a otros territorios, como Villa Nueva, San Miguel Petapa, San Pedro Sacatepéquez y San Juan Sacatepéquez, así como en Mixco, Villa Canales, Boca del Monte, San Pedro Ayampuc y Palencia.
Testimonios con temor
A finales del año pasado, José* recibió una nota, con un mensaje de los pandilleros. En él se le indicaba que debía comunicarse a un número telefónico. A partir de entonces, les paga Q75 semanalmente.
Si no cumple, tanto él como su familia corren el riesgo de ser asesinados.
Relata que todos los sábados llega a su casa el mismo muchacho a recoger el “impuesto”. “No aparenta tener más de 12 años, y siempre cubre su rostro a la mitad con una gorra, para no ser identificado”, dice José, quien confirma que otros de sus vecinos también son víctimas de extorsión.
Como muestra, Carlos*, también vecino de El Mezquital y quien posee un pequeño negocio, lleva un año de estar pagando Q150 semanales para no ser atacado.
Pero eso es insuficiente para los pandilleros, pues cuando se les ocurre le exigen pagos adicionales e incluso lo obligan a entregar víveres de su tienda.
Tanto José como Carlos coinciden en que otros vecinos y comerciantes han tenido que pagar cifras de hasta Q40 mil para garantizarse la vida.
También a Faustino* le enviaron el mismo mensaje. Si no pagaba Q5 mil en una semana, él y su familia serían asesinados. Él vive en la colonia Villalobos 1, zona 12, y asegura que, de ser víctima de otra extorsión, abandonará el sector.
Capturas a diario
Un informe del Ministerio de Gobernación registra que el año pasado fueron capturados cuatro mil 796 pandilleros, entre guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses. El mismo documento afirma que hasta febrero de 2005, la PNC había detenido a mil 230 mareros.
El ministro del Interior, Carlos Vielman, asegura que la PNC a diario captura mareros, pero aclara que el problema está en los tribunales a la hora de aplicar justicia.
“La mayoría es procesada por portación ilegal de armas de fuego, cuya pena tiene medida sustitutiva, por lo que pueden ser liberados de manera inmediata”, comenta.
Según él, a los pandilleros ya no debería permitírseles el pago de fianza, pues algunos ya llevan varios ingresos. “La PNC no puede seguir trabajando sola. ¿Qué hago yo si hoy capturo cuatro pandilleros y a los tres días están libres?”, se cuestiona.
Adela de Torrebiarte, del Consejo Asesor de Seguridad del Gobierno (CAS), comparte ese criterio, al reconocer lo difícil de decirle a los ciudadanos cómo hallar una solución al problema.
Se apoderan de viviendas
Pero los pandilleros no se conforman con extorsionar a sus víctimas, han llegado al colmo de obligarlas a abandonar sus casas.
Es el caso de Juan*, quien vivía en una de las colinas Alameda, y huyó del sector ante el constante acecho de los mareros, quienes al final le destrozaron su vivienda.
Frente a esa situación, el titular de Gobernación considera que las maras no pueden ser combatidas únicamente con acciones policiacas. “Se necesita poner en marcha un cambio estructural y social”, asegura.
Aunque Vielman reconoce que estos grupos mantienen aterrorizada a la población, se escuda en que “no son muchos, en comparación con el total de habitantes del país”.
“Son unos 50 mil ó 60 mil jóvenes, entre los cuales 13 mil 400 son los verdaderos líderes”, enfatiza.
Se necesita cambio social
El ministro Vielman insiste en que se deben poner en marcha planes profundos para erradicar a esos grupos, aunque confirma que no es una estrategia institucional, sino de transformaciones sociales, especialmente en el núcleo familiar.
Asegura que el Gobierno está buscando programas de reinserción social que atiendan a esos jóvenes. “Si lo queremos enfocar únicamente a la persecución policiaca, lo que vamos a generar es una batalla que no se va a acabar”, concluye, refiriéndose a las acciones emprendidas en El Salvador y Honduras.
Sin embargo, mientras no se le haga frente al problema, será la población la que pague los platos rotos, insisten analistas.
Pandilleros son capturados a diario, según información del Ministerio de Gobernación. Los detenidos son procesados por portación ilegal de armas, cuya pena tiene medida sustitutiva y pueden ser liberados de inmediato.
Nada parece detener las extorsiones impuestas por las maras contra la población. Además del llamado “impuesto” a la circulación de buses, ahora exigen dinero en escuelas, hogares y negocios. Sus víctimas han tenido que resignarse a vivir en la zozobra, ante la falta de seguridad.
Sus prácticas ilegales se han extendido en el área metropolitana, pero tan sólo en la colonia El Mezquital, en la zona 12, los pandilleros juveniles podrían llegar a obtener no menos de Q4 millones al año por concepto de extorsiones a viviendas y negocios.
Vecinos revelan que la mayoría de viviendas y negocios del sector son víctimas de los pandilleros, quienes les exigen pagos semanales que van de Q75 a Q500.
Algunos analistas coinciden en que el monto global -de Q4 millones- se obtiene al multiplicar la cuota semanal por las mil 276 residencias registradas en esa colonia, según el censo general realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2002.
A juicio de las fuentes, esa cantidad podría incrementarse en la colonia Villalobos 1 -con dos mil 596 viviendas, según el INE-, también considerado uno de los territorios dominados por las pandillas.
Aunque esas cifras no son confirmadas oficialmente, el vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Caljú, reconoció que esos grupos de antisociales se han generalizado en casi todo el departamento de Guatemala.
El funcionario policiaco agregó que los pandilleros responsables pertenecen a las maras “Salvatrucha” y “18”.
Áreas de riesgo
De acuerdo con Caljú, al inicio, las áreas de ubicación de los mareros eran las colonias Carolingia y Bethania, zona 7; El Mezquital y Villalobos 1 y 2, zona 12; Maya, Paraíso 1 y 2 y las Alamedas, zona 18, así como Santa Fe, en la zona 13, y Santa Faz y Jocotales, zona 6.
Empero, ahora las pandillas han extendido sus tentáculos a otros territorios, como Villa Nueva, San Miguel Petapa, San Pedro Sacatepéquez y San Juan Sacatepéquez, así como en Mixco, Villa Canales, Boca del Monte, San Pedro Ayampuc y Palencia.
Testimonios con temor
A finales del año pasado, José* recibió una nota, con un mensaje de los pandilleros. En él se le indicaba que debía comunicarse a un número telefónico. A partir de entonces, les paga Q75 semanalmente.
Si no cumple, tanto él como su familia corren el riesgo de ser asesinados.
Relata que todos los sábados llega a su casa el mismo muchacho a recoger el “impuesto”. “No aparenta tener más de 12 años, y siempre cubre su rostro a la mitad con una gorra, para no ser identificado”, dice José, quien confirma que otros de sus vecinos también son víctimas de extorsión.
Como muestra, Carlos*, también vecino de El Mezquital y quien posee un pequeño negocio, lleva un año de estar pagando Q150 semanales para no ser atacado.
Pero eso es insuficiente para los pandilleros, pues cuando se les ocurre le exigen pagos adicionales e incluso lo obligan a entregar víveres de su tienda.
Tanto José como Carlos coinciden en que otros vecinos y comerciantes han tenido que pagar cifras de hasta Q40 mil para garantizarse la vida.
También a Faustino* le enviaron el mismo mensaje. Si no pagaba Q5 mil en una semana, él y su familia serían asesinados. Él vive en la colonia Villalobos 1, zona 12, y asegura que, de ser víctima de otra extorsión, abandonará el sector.
Capturas a diario
Un informe del Ministerio de Gobernación registra que el año pasado fueron capturados cuatro mil 796 pandilleros, entre guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses. El mismo documento afirma que hasta febrero de 2005, la PNC había detenido a mil 230 mareros.
El ministro del Interior, Carlos Vielman, asegura que la PNC a diario captura mareros, pero aclara que el problema está en los tribunales a la hora de aplicar justicia.
“La mayoría es procesada por portación ilegal de armas de fuego, cuya pena tiene medida sustitutiva, por lo que pueden ser liberados de manera inmediata”, comenta.
Según él, a los pandilleros ya no debería permitírseles el pago de fianza, pues algunos ya llevan varios ingresos. “La PNC no puede seguir trabajando sola. ¿Qué hago yo si hoy capturo cuatro pandilleros y a los tres días están libres?”, se cuestiona.
Adela de Torrebiarte, del Consejo Asesor de Seguridad del Gobierno (CAS), comparte ese criterio, al reconocer lo difícil de decirle a los ciudadanos cómo hallar una solución al problema.
Se apoderan de viviendas
Pero los pandilleros no se conforman con extorsionar a sus víctimas, han llegado al colmo de obligarlas a abandonar sus casas.
Es el caso de Juan*, quien vivía en una de las colinas Alameda, y huyó del sector ante el constante acecho de los mareros, quienes al final le destrozaron su vivienda.
Frente a esa situación, el titular de Gobernación considera que las maras no pueden ser combatidas únicamente con acciones policiacas. “Se necesita poner en marcha un cambio estructural y social”, asegura.
Aunque Vielman reconoce que estos grupos mantienen aterrorizada a la población, se escuda en que “no son muchos, en comparación con el total de habitantes del país”.
“Son unos 50 mil ó 60 mil jóvenes, entre los cuales 13 mil 400 son los verdaderos líderes”, enfatiza.
Se necesita cambio social
El ministro Vielman insiste en que se deben poner en marcha planes profundos para erradicar a esos grupos, aunque confirma que no es una estrategia institucional, sino de transformaciones sociales, especialmente en el núcleo familiar.
Asegura que el Gobierno está buscando programas de reinserción social que atiendan a esos jóvenes. “Si lo queremos enfocar únicamente a la persecución policiaca, lo que vamos a generar es una batalla que no se va a acabar”, concluye, refiriéndose a las acciones emprendidas en El Salvador y Honduras.
Sin embargo, mientras no se le haga frente al problema, será la población la que pague los platos rotos, insisten analistas.
1 comentario:
interesante tu blog, te visitaré siempre.
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