Secuestros alcanzan a cúpula política en Guatemala

Al menos 97 secuestros y 184 extorsiones se han registrado en lo que va de 2008 en Guatemala, un repunte de la violencia que alcanzó a la cúpula política del país con el plagio y asesinato de dos familiares de diputados en los últimos 15 días.
"Estamos muy preocupados porque estamos terminando mayo con el afloramiento de dos fenómenos o expresiones criminales como el secuestro y amenazas, los que se vienen a sumar a males endémicos como el asesinato de pilotos (choferes) y mujeres", dijo a la AFP la analista de la humanitaria Fundación Mirna Mack, Carmen Aída Ibarra.
El jefe de la unidad antisecuestros del Ministerio Público, Julio Otzoy, comentó a la prensa local que en lo que va del año se han registrado 52 denuncias en las áreas central y sur, 35 en el occidente, seis en oriente y el resto en otros sectores del país.

Además en ese lapso, se han reportado 184 extorsiones, detalló el funcionario.
Y la preocupación no es para menos, pues Ibarra estima que en Guatemala "ahora dejamos atrás las amenazas y llegamos a los asesinatos en los secuestros".
Un caso reciente se registró el domingo cuando una banda plagió a dos sobrinos del diputado opositor Osbelí Gressi y el lunes cuando los trasladaban en un vehículo a otro lugar de cautiverio fueron sorprendidos por la policía y se registró un tiroteo, donde falleció uno de los secuestrados.
El otro caso se registró la semana pasada cuando el cuñado del también diputado opositor Pablo Duarte fue secuestrado y dos días después apareció muerto, supuestamente porque no se pagó el rescate.

Asimismo, la activista lamentó que en los primeros cinco meses del año existan 20 casos de amenazas contra magistrados y jueces, así como fiscales encargados de casos especiales.
Este martes un grupo de desconocidos asesinó a balazos al fiscal distrital de Chiquimula (170 km al este de la capital de Guatemala), Rudy Rocael Pineda, de 37 años, mientras que a principio de mes fue ultimado el magistrado de Retalhuleu, José Vidal.
Además, Ibarra considera que el aumento de la criminalidad se dio después del despido del jefe del comando antisecuestro de la Policía, así como del asesinato del ex asesor del ministerio del Interior en ese campo, el venezolano Víctor Rivera, acusado de integrar grupos paralelos.
Datos del estatal Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) indican que del 1 de abril al 18 de mayo han muerto con armas de fuego 525 personas en el país.